El Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores de la Fiscalía General de la Nación, con sede en Bucaramanga, exigieron a través de un comunicado al candidato presidencial Rodolfo Hernández, “retractarse públicamente que, ya fue imputado, acusado y residenciado en juicio” del proceso de corrupción conocido como Vitalogic, donde es investigado, luego de que Hernández desmintiera en un video dicho proceso.

Asimismo, el sindicato le pidió al candidato Rodolfo Hernández que “no trate de forma descortés y no digno”, al fiscal que lleva su caso, Jorge Villamizar.

“Como organización sindical de los empleados y trabajadores de la Fiscalía General de la Nación, rechazamos todo acto en contra de la dignidad humana en nuestros funcionarios y mucho menos contra nuestra responsabilidad social”, se expresa en el comunicado.

Asonal sobre Conmoción Interior de Rodolfo Hernández

Por otro lado, los miembros del Sindicato de  Trabajadores del Poder Judicial Asonal respondieron a través de una serie de videos al ingeniero Rodolfo Hernández, sobre la conmoción interior que piensa implementar si llegase a ganarle la presidencia a Gustavo Petro.

La asociación, expresó que se encuentra “extrañada del desconocimiento jurídico de la Constitución y las leyes” que tiene Hernández.

“No sabemos cómo se atreve a decir que va a declarar estado de conmoción interior sin haberse dado el presupuesto del Artículo 213 previamente de una grave perturbación del orden público nacional, no sabe en este momento cuál es la situación que se va a crear o a menos que él la vaya a crear para poder generar esa decisión, teniendo en cuenta además que el plazo máximo es de 90 días y no de 4 años”, señaló la asociación judicial.

Adicional, expusieron que toca revisar qué pasaría si está “acusado formalmente” en este momento por un delito contra la administración pública que da lugar a una pena de presión relativamente alta.

“En caso de que llegara a ser elegido presidente el Congreso podrá suspenderlo en sus funciones en particular el senado según el Artículo 175 de la Constitución, incluso por ser un delito común tendrá en última la Corte Suprema de Justicia la última palabra y la posibilidad de condenarlo”, finalizó la asociación.